Newark presentará demanda para clausurar el centro de ICE en Delaney Hall ante protestas
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El escenario político y social en Nueva Jersey ha alcanzado un punto de máxima fricción institucional. El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció de manera formal que presentará una demanda judicial para clausurar definitivamente el centro de detención de inmigrantes de Delaney Hall. Esta drástica medida legal responde a una serie de graves denuncias sobre problemas de salud, seguridad y violaciones a los derechos humanos dentro del recinto.
La estrategia jurídica coordinada se consolidará mediante una alianza estratégica entre las autoridades municipales y diversos colectivos de defensores de la comunidad. El centro, operado por la empresa privada Grupo GEO bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alberga actualmente a cerca de 300 inmigrantes. Gran parte de estos internos iniciaron una huelga de hambre y de trabajo para protestar contra el confinamiento.
El detonante de la acción municipal radica en las condiciones inhumanas reportadas por los propios reclusos a través de una carta abierta. Entre las acusaciones más severas se encuentran la escasez de alimentos con presencia de parásitos y negligencias médicas críticas. El caso más grave detalla que una mujer detenida sufrió un aborto espontáneo debido a la falta de atención oportuna. Para el alcalde Baraka, estas faltas contravienen las normativas locales y estatales de sanidad.
¿Qué medidas de seguridad pública se aplicaron en la zona de conflicto?
Ante la escalada de violencia en las inmediaciones del establecimiento, el Departamento de Policía de Newark asumió de forma total el control de la seguridad pública exterior. Esta sustitución desplazó a los contingentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey y a los agentes federales de inmigración. El alcalde Baraka justificó el cambio argumentando que los oficiales de la ciudad poseen herramientas técnicas más eficaces para reducir la tensión ciudadana.
Las jornadas previas registraron un panorama sumamente agitado en el radio urbano de media milla que rodea las instalaciones de Delaney Hall. Los enfrentamientos directos entre activistas anti-ICE y las fuerzas del orden público estatales culminaron con un saldo de al menos 46 personas arrestadas el domingo. Los manifestantes recurrieron a agresiones físicas, mientras las autoridades emplearon tácticas de dispersión masiva mediante el uso de gases y escudos.
Para frenar las hostilidades, la alcaldía decretó un toque de queda nocturno obligatorio desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. No obstante, la fiscal de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, informó que la zona recuperó la calma gracias al acatamiento civil de las restricciones vigentes. Baraka avanzó que prevé levantar esta medida de excepción a la brevedad, confiando en el nuevo despliegue policial preventivo.
¿Cómo se dividen las opiniones políticas en el Congreso sobre Delaney Hall?
Las inspecciones presenciales realizadas por diversas comitivas legislativas dentro del edificio arrojaron opiniones encontradas y contradictorias sobre el estado real de los internos. El congresista republicano Jeff Van Drew describió las celdas como estancias limpias, organizadas y bien administradas tras efectuar una visita de supervisión. El legislador conservador defendió la legalidad del confinamiento y respaldó la continuidad de las operaciones federales.
En contraste, los representantes demócratas Analilia Mejia y Frank Pallone aseguraron que la situación interna es horrorosa y degradante para los derechos civiles. Los legisladores confirmaron que, tras sus exigencias técnicas, se logró la liberación de mujeres embarazadas y detenidos con alta vulnerabilidad médica. A esta postura se sumó el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, exigiendo el cierre inmediato del complejo.
Por su parte, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, rechazó de manera tajante las críticas demócratas durante una entrevista televisiva. El funcionario federal calificó las denuncias de huelgas de hambre como una premisa falsa orientada a desestabilizar la política migratoria del presidente Donald Trump. Homan afirmó haber verificado personalmente los menús alimenticios y garantizó que los reclusos reciben raciones de comida completas y de alta calidad.
¿Prosperará la demanda municipal contra una empresa privada de ICE?
El núcleo del litigio radica en la naturaleza jurídica de los terrenos donde opera el Grupo GEO. El alcalde de Newark explicó que Delaney Hall constituye una instalación de propiedad estrictamente privada y no un suelo federal. Por esta razón, la compañía prestadora del servicio está sujeta por ley a cumplir con las ordenanzas municipales y los códigos de edificación estatales.
“Geo Group infringió desde el principio las leyes locales y no tiene motivos fundados para permanecer abierto”, declaró Baraka ante los medios.
La estrategia legal evita demandar directamente a la administración de Donald Trump para centrar el ataque judicial en la empresa concesionaria. El ayuntamiento confía en que los tribunales estatales validen las infracciones de seguridad interna para forzar la rescisión del uso del suelo. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni los portavoces de la firma privada emitieron comentarios oficiales sobre la querella pendiente.
Mientras la batalla legal se traslada a los tribunales, el Gobierno federal advirtió que el centro de detención no detendrá sus funciones de expulsión. Los altos mandos de control fronterizo ratificaron que continuarán aplicando las leyes de detención obligatoria vigentes para resguardar el orden nacional. El destino de Delaney Hall permanece suspendido entre la soberanía de las normativas municipales de Newark y los decretos de seguridad del Poder Ejecutivo.