El Departamento de Justicia dará marcha atrás al fondo para compensar a “perseguidos”.
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El panorama político y legal en Washington sufrió un vuelco drástico tras una serie de intensas disputas en el Congreso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió dar marcha atrás a la polémica creación de un fondo multimillonario de compensaciones. La iniciativa contemplaba una partida presupuestaria de 1.800 millones de dólares. Este capital estaba destinado a resarcir a los aliados del presidente Donald Trump que enfrentaron investigaciones federales en el pasado.
Las pesquisas en cuestión se ejecutaron bajo el mandato del demócrata Joe Biden entre los años 2020 y 2024. La propuesta gubernamental pretendía beneficiar de forma directa a diversas figuras de alto perfil político. Entre los posibles receptores destacaban los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Muchos de estos individuos procedieron con violencia y resultaron indultados por Trump al reasumir el cargo.
Sin embargo, el plan financiero encendió las alarmas en el Capitolio y desató una oleada de severas querellas judiciales. Diversas organizaciones de derechos civiles y legisladores interpusieron demandas formales para congelar los polémicos recursos públicos. Los demandantes denunciaron que la medida constituía un mecanismo opaco de financiamiento partidista. Los sectores de la oposición catalogaron el proyecto como una caja B o un esquema ilegal de uso de fondos del erario.
¿Qué determinaron los tribunales federales sobre estos fondos?
Una jueza federal ordenó suspender de manera temporal la puesta en marcha de los polémicos pagos hace unos días. La magistrada argumentó en su fallo que la distribución del capital generaría un impacto irreversible en las finanzas de la nación. En respuesta a la resolución, el Departamento de Justicia emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas institucionales. La dependencia aclaró que, pese a discrepar de forma rotunda, acatará el dictamen emitido.
Las autoridades de procuración de justicia intentaron defender la legalidad de la iniciativa mediante argumentos institucionales. La agencia afirmó que el proyecto buscaba reparar los abusos, daños y odios infligidos injustamente a numerosos ciudadanos en el período previo. Asimismo, los voceros federales sostuvieron que las compensaciones estarían disponibles para cualquier persona afectada, sin distinción de su militancia republicana, demócrata o independiente.
A pesar de las justificaciones de la Casa Blanca, el desistimiento oficial no logró mitigar la desconfianza de los demandantes comunitarios. El colectivo civil Democracy Forward anunció de manera formal que mantendrá vigentes las acciones legales ante los tribunales. Los representantes del grupo explicaron que la administración podría retomar el esquema financiero en el futuro. Por este motivo, continuarán el litigio hasta que el Ejecutivo abandone el plan definitivamente.
¿Cómo influyó la reapertura de la demanda en Florida?
El panorama judicial se complicó aún más debido a un fallo simultáneo emitido por una corte estatal en Florida. Una jueza de ese distrito ordenó reabrir un caso vinculado a una denuncia de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos. El mandatario había exigido una indemnización de 10.000 millones de dólares a la Hacienda pública por filtraciones de datos financieros. Posteriormente, aceptó retirar dicha demanda a cambio del polémico fondo de compensación.
La magistrada de Florida consideró que este acuerdo cruzado suscita fuertes sospechas de manipulación del sistema de justicia de la nación. El pacto original incluía notables beneficios fiscales directos para el jefe de Estado y los miembros de su familia. Los analistas legales calificaron el procedimiento como un hecho inédito y surrealista. En la práctica, los equipos jurídicos de ambas dependencias gubernamentales operaban bajo las órdenes directas del mismo Ejecutivo.
Por otra parte, la marcha atrás de la administración coincidió con una fuerte rebelión interna dentro del Partido Republicano. Un coro creciente de legisladores conservadores manifestó públicamente su rechazo absoluto a la entrega de dinero público a los insurrectos. El descontento cobró fuerza debido a que muchos congresistas estuvieron presentes en el Capitolio durante el ataque y temieron de forma real por sus vidas.
¿Qué líderes conservadores rechazaron el polémico proyecto?
El exvicepresidente Mike Pence se sumó al bloque de críticos y calificó el fondo como una mala idea desde el principio. Pence declaró en televisión que resulta ofensivo compensar a individuos que agredieron a agentes policiales y vandalizaron los edificios federales. El exfuncionario, quien fuera blanco de las amenazas de los manifestantes en 2021, afirmó que su postura es ampliamente compartida por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.
A las críticas se unieron figuras influyentes del Senado de la Unión Americana como Mitch McConnell, Thom Tillis y Bill Cassidy. McConnell tachó la iniciativa de estúpida y moralmente incorrecta, mientras que Tillis la describió como un fondo para pagar a canallas. Cabe destacar que estos legisladores no se juegan su reelección en los comicios de noviembre. Dicha condición les permite emitir opiniones firmes sin temor a las represalias políticas.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, recomendó este lunes a la Casa Blanca abandonar permanentemente la propuesta. La presión legislativa obligó a celebrar un pleno extraordinario en la Cámara alta para evaluar las acciones presupuestarias del Ejecutivo. El debate parlamentario evidenció que el conflicto por el control del dinero de los contribuyentes mantiene fracturadas a las principales instituciones del Estado.
¿Logrará el Congreso bloquear estas compensaciones por ley?
La bancada del Partido Demócrata recibió la noticia del Departamento de Justicia con un profundo escepticismo político. El líder de la minoría senatorial, Chuck Schumer, declaró que las promesas de la Casa Blanca no son suficientes para garantizar el cierre del caso. El congresista afirmó que, si el oficialismo realmente planea desistir, debe permitir que el freno financiero se consolide mediante un decreto legislativo definitivo.
Schumer anunció que los legisladores de su partido impulsarán una iniciativa de ley para prohibir estos esquemas de compensación en el futuro. Las agrupaciones civiles respaldan la medida parlamentaria para blindar la transparencia de la recaudación fiscal de la federación. Mientras tanto, la cúpula del Departamento de Justicia busca fórmulas alternativas para dar curso a las promesas presidenciales de resarcimiento sin violar las órdenes vigentes.
La controversia ocurre en un contexto de alta tensión, donde Trump mantiene abiertas investigaciones penales contra exfuncionarios del FBI. Entre los investigados destaca James Comey, quien lideró pesquisas previas sobre el manejo de archivos clasificados de la campaña republicana de 2016. La batalla por el control del aparato de justicia promete agudizarse en los tribunales en los próximos meses del año.